Ley de Sometimiento fue enviada a sanción presidencial
La Ley de Sometimiento fue enviada oficialmente a sanción presidencial tras completar con éxito su trámite en el Congreso de la República. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella,
Bogotá, noviembre 04, 2026_ RAM _La Ley de Sometimiento fue enviada oficialmente a sanción presidencial tras completar con éxito su trámite en el Congreso de la República. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, representa su primera gran victoria legislativa y sustituye el marco de la denominada «paz total» del anterior gobierno de Gustavo Petro.
Al no presentarse diferencias entre los textos votados por ambas corporaciones (95 votos a favor en la Cámara y 57 en el Senado), el proyecto no requirió una comisión de conciliación. Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, firmaron la norma y ordenaron su traslado inmediato a la Casa de Nariño.
Tras haber terminado su trámite en el Congreso de la República y luego de hacer la respectiva unificación del texto aprobado en el Senado y la Cámara, la Ley de Sometimiento fue enviada a sanción presidencial.
Los presidentes de Senado, Honorio Henríquez y de la Cámara, Nicolás Barguil, así como los secretarios de las dos corporaciones, firmaron el texto de la norma y la misma fue enviada al Palacio de Nariño.
Tras recibir el texto completo, el presidente Abelardo De La Espriella tendrá que sancionar la ley y ponerle su firma, para que la misma pueda entrar en vigencia a partir de este 05 de noviembre.
“Acabo de firmar la Ley de Sometimiento, aprobada ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes para que pase a sanción presidencial. Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, dijo Barguil.
Claves principales de la nueva normativa
La ley introduce cambios sustanciales en la estrategia del Estado frente a la delincuencia organizada organizada en Colombia:
Las bandas de crimen organizado y estructuras criminales se someterán bajo la tutela de la justicia ordinaria; no habrá espacio para negociaciones políticas ni reconocimiento de estatus político.
El marco jurídico estipula expresamente que no se detendrán las operaciones militares, policiales, ni los procesos de investigación adelantados por la Fiscalía General de la Nación.
Se mantendrán vigentes todas las órdenes de captura y los procesos de extradición hacia otros países.
Aquellos integrantes de base que colaboren de forma efectiva podrán acceder a reducciones de penas de hasta el 50%, mientras que para los mandos medios o cabecillas la rebaja máxima será del 30%.
Para acogerse a los beneficios, las estructuras delincuenciales deberán entregar de manera obligatoria sus bienes ilícitos, liberar a personas secuestradas y devolver de forma inmediata a los menores de edad reclutados (quienes pasarán al ICBF en calidad de víctimas).
La plenaria incluyó dentro del articulado la persecución de delitos ambientales como la deforestación y la tala ilegal, junto a la minería ilegal.
Contexto político
El proyecto se tramitó en una carrera contrarreloj debido a que los plazos de las disposiciones de orden público anteriores (prorrogadas por la Ley 2272 de 2022) vencían precisamente este 4 de noviembre. Pese a haber logrado su aprobación parlamentaria, sectores de la oposición han manifestado reparos sobre el nivel de garantías de reparación a las víctimas y anunciaron que demandarán la ley ante la Corte Constitucional.
ABC de la Ley de Sometimiento
Contempla el desmonte de la denominada política de ‘paz total’, pero establece algunos beneficios para los integrantes de las organizaciones armadas que decidan entregarse a la justicia, como un tratamiento penal diferenciado que incluye reducción de las penas de hasta el 50% para los miembros rasos de estas estructuras y de máximo el 30% para quienes hayan tenido mando dentro de las mismas.
Los reclutadores de menores de 14 años no obtendrán beneficios con la ley, y tendrían que pagar una condena mínima de 10 años de cárcel. No obstante, aquellos que hayan incurrido en reclutamiento de menores entre los 14 y 18 años, sí podrían acceder a algunas rebajas entre el 10% y el 30% de la sanción.
Los testaferros, o llamados terceros, tendrían que pagar una pena mínima de 6 años, bajo la condición de que entreguen todos los bienes ilegales que se encuentren en su poder.
Se acaba la negociación del Estado con grupos armados y se establece que no habrá ningún tipo de otorgamiento de estatus político a estas organizaciones criminales.
Bajo ninguna circunstancia se podrá conceder la suspensión de las órdenes de captura o las órdenes de extradición para los miembros de las grupos que estén en proceso de desmovilización.
Se deja claro que todos los criminales que se acojan a la Ley de Sometimiento, tendrán que pagar una pena mínima de 10 años de prisión, que podría ser en granjas agrícolas o lugares especiales de reclusión definidos por el Inpec.
Una vez sea sancionada la Ley de Sometimiento, la misma tendrá una vigencia de cuatro años, lo que le permitiría al próximo Gobierno diseñar su política criminal y de paz, en relación con los grupos armados ilegales.
