nte el Tribunal Superior de Bogotá fue radicada una tutela contra el presidente de la República, Iván Duque; la ministra del Interior Alicia Arango; El ministro de Salud Fernando Ruiz; y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por restringir el acceso a las iglesias y templos de culto en medio de la pandemia del coronavirus.
Una investigación interna en la Federación Colombiana de Fútbol solicitó el Ministerio del Deporte y su comité ejecutivo por la reventa de boletas para los partidos de eliminatoria al Mundial Rusia 2018.
El presidente Iván Duque promulgó este miércoles el acto legislativo para modificar el Artículo 34 de la Constitución Política del país, con lo que se abre paso para el establecimiento de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó que se condicione la ayuda del Pentágono a Colombia por USD 50 millones. Entre las condiciones se encuentran el no uso de glifosato y abstenerse de realizar “chuzadas”.
Renunció a su cargo como directora Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, Marcela Yepes, esposa del contralor general, Felipe Córdoba. La carta de su dimisión tiene fecha del pasado 13 de julio y se señala en ella que es de carácter irrevocable.
Tras el fallo de tutela que se conoció el pasado 2 de julio en el cual se ordena igualdad de condiciones en las restricciones y lineamientos por la emergencia sanitaria del Covid-19 a los mayores de 70 años con el resto de la población, el gobierno anuncia que se les equipararán las restricciones.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mantuvo medida de aseguramiento contra el gobernador Aníbal Gaviria, investigado por presuntos hechos de corrupción en el 2005. Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un millonario contrato para mantener y pavimentar una vía de la región conocida como la Troncal de la Paz en el tramo Caucasia-Puerto Berrío.
Los representantes del Partido Verde Katherine Miranda, Cesar Augusto Ortiz y Cesar Pachón del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) presentaron esta demanda ante el Consejo de Estado exigiendo explicaciones ante los actuales pilotos de fracking que se adelantan en el país.
Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, se entregó la exgobernadora Oneida Pinto Pérez, quien se encontraba prófuga de la justicia desde junio de 2019; cuando la Fiscalía le imputó cargos las irregularidades en contratación.
Después de una impugnación especial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el fiscal anticorrupción Luís Gustavo Moreno, quien fue condenado en 2018 por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada a cuatro años y diez meses de prisión, al ser señalado de participar en el ‘cartel de la toga’.
