La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó que se condicione la ayuda del Pentágono a Colombia por USD 50 millones. Entre las condiciones se encuentran el no uso de glifosato y abstenerse de realizar “chuzadas”.
Renunció a su cargo como directora Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, Marcela Yepes, esposa del contralor general, Felipe Córdoba. La carta de su dimisión tiene fecha del pasado 13 de julio y se señala en ella que es de carácter irrevocable.
Tras el fallo de tutela que se conoció el pasado 2 de julio en el cual se ordena igualdad de condiciones en las restricciones y lineamientos por la emergencia sanitaria del Covid-19 a los mayores de 70 años con el resto de la población, el gobierno anuncia que se les equipararán las restricciones.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mantuvo medida de aseguramiento contra el gobernador Aníbal Gaviria, investigado por presuntos hechos de corrupción en el 2005. Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un millonario contrato para mantener y pavimentar una vía de la región conocida como la Troncal de la Paz en el tramo Caucasia-Puerto Berrío.
Los representantes del Partido Verde Katherine Miranda, Cesar Augusto Ortiz y Cesar Pachón del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) presentaron esta demanda ante el Consejo de Estado exigiendo explicaciones ante los actuales pilotos de fracking que se adelantan en el país.
Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, se entregó la exgobernadora Oneida Pinto Pérez, quien se encontraba prófuga de la justicia desde junio de 2019; cuando la Fiscalía le imputó cargos las irregularidades en contratación.
Después de una impugnación especial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el fiscal anticorrupción Luís Gustavo Moreno, quien fue condenado en 2018 por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada a cuatro años y diez meses de prisión, al ser señalado de participar en el ‘cartel de la toga’.
La vicefiscal General, Martha Yaneth Mancera, confirmó que el exministro Álvaro Leyva Durán, fue interceptado ilegalmente entre el 19 de febrero y el 11 de julio de 2013, utilizando las plataformas del Estado y con una fuente humana falsa.
El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, explicó que el análisis de la corporación sobre el artículo 12 del decreto 491 “es que se trata de una injerencia de un poder público en otro para determinar su actuación.
La alta consejera para los Derechos Humanos del Gobierno colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó un informe sobre los homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. Gutiérrez aseguró que en lo corrido de 2020 han sido asesinados 37 defensores de DDHH y líderes sociales.
