Polémica e indignación causó una entrevista que le realizó el locutor Fabio Zuleta al líder indígena y palabrero Roberto Barroso, donde los hombres abordan sobre explotación sexual y trata de personas de mujeres de la etnía wayúu en la Alta Guajira.
En su cuenta de Twitter, Fernando Carrillo, procurador general de la nación, informó sobre la instauración de la denuncia contra Zuleta y el indígena Wayúu, quienes supuestamente en un programa radial de una emisora de Valledupar habrían acordado la compra y venta de varias mujeres de esa etnia.
En un debate sobre el Acuerdo con las Farc, en la plenaria del Senado esta semana, al cual fui citado, hice referencia a la intervención de un Senador recordando que el Centro Democrático, del cual yo era uno de sus voceros en ese momento, insistió después del plebiscito en la necesidad de llegar a un gran Acuerdo Nacional para la Paz.
El Consejo Superior de la Judicatura ha ido levantando de a poco la suspensión de algunos términos judiciales. Dicen que, preparan un plan para que a partir del 8 de junio se pueda empezar a volver a las sedes judiciales.
El polémico proyecto de ley presentado por el Centro Democrático con el que se busca ampliar la doble instancia y que fue denominado ley Andrés Felipe arias está agonizando en el Congreso de la República.
Desde agosto del 2019 a la fecha, la extinta guerrilla de las Farc ha hecho 6 entregas parciales sobre 308 casos que dan cuenta de 340 personas desaparecidas en el conflicto armado. Los desmovilizados aceptan la responsabilidad de 336 personas y aunque entregaron información sobre las otras 4 restantes, explicaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz
La Contraloría General de la República adelanta procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones por presuntos sobrecostos y detrimentos patrimoniales en recursos y ayudas por la pandemia del Covid-19, que hasta ahora involucran recursos por 419 mil millones de pesos”.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, criticó este jueves la decisión del Ministerio de Justicia acerca de dejar en manos de los alcaldes municipales la responsabilidad tanto de las URI como de las cárceles y los presos.
El bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid – 19.
Tras la revisión de contratos por 3.1 billones de pesos para la atención de la emergencia del COVID-19, la Contraloría General de la República puso al descubierto graves irregularidades que presuntamente se habrían cometido en diferentes niveles de entidades del orden nacional, departamental y municipal.
