Urgen investigar denuncias sobre espionaje de DNI en gobierno Petro a expresidentes

Carlos Oyola habría liderado una red para atacar a la Registraduría e interferir en la votación del 21 de junio / Gaula Militar

Neiva, noviembre 09, 2026_ RAM _La reciente investigación revelada por Noticias Caracol ha desatado un fuerte sacudón político y una ola de reacciones en diferentes sectores. El marco principal de las declaraciones es una exigencia para que las autoridades judiciales y entes de control inicien indagaciones exhaustivas sobre las múltiples anomalías operativas y financieras denunciadas al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Encabezando los pronunciamientos, el vicepresidente José Manuel Restrepo calificó de abusivo el manejo de la entidad, advirtiendo que los hechos apuntan a un ataque a la democracia misma y demandando una investigación de fondo contra los responsables. En la misma línea, la concejala Sandra Forero describió el panorama como «tenebroso».

Desde el Centro Democrático enfatizaron en la contundencia del informe y se sumaron a la exigencia de respuestas e investigaciones a fondo. “Nada sorprende ya de la degradación del gobierno Petro”, sostuvieron.

Por su parte, el representante David Cote planteó cuestionamientos urgentes sobre fallas de seguridad nacional, preguntando en manos de quién quedó la copia espejo del sistema de inteligencia y criticando los ataques contra las garantías electorales. El representante Daniel Briceño y el concejal Julián Uscátegui afirmaron que, mientras el gobierno anterior alegaba fraude, presuntamente financiaba con recursos públicos a hackers para alterar los resultados de las elecciones presidenciales. Katherine Miranda y Ernesto Macías relacionaron los hallazgos del citado informativo con recientes amenazas de bomba e intimidaciones, exigiendo protección para la prensa independiente.

El rol del hacker Carlos Oyola

Los documentos del medio de comunicación exponen la injerencia de Carlos Oyola, un ingeniero vinculado a la agencia en febrero de 2024, quien habría liderado una red para atacar a la Registraduría e interferir en la votación del 21 de junio. Oyola también habría hackeado entidades estatales, alojando bases de datos en una nube que posteriormente se extravió.

A pesar de tener una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026 por acceder abusivamente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) para falsificar sus notas de especialización, Oyola continuó en su cargo. El noticiero detalló que evadió a la justicia por casi seis meses y escapó de un allanamiento del CTI horas antes de la primera vuelta, siendo capturado finalmente el pasado 6 de noviembre. Los informes señalan que el hacker sostuvo reuniones con la fiscal general Luz Adriana Camargo, motivando a voces como la del senador Andrés Forero a exigir que la funcionaria aclare la naturaleza de dichos encuentros.

Presunto espionaje y advertencias técnicas

El informe televisivo sacó a la luz un documento de empalme que evidencia planes para instalar micrófonos y localizadores GPS en los vehículos de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. Esto se sustentó en el Decreto 0563 de junio de 2026, con el que se otorgó facultades a la entidad para intervenir en dichos esquemas.

Al analizar la situación, el exinspector de la DNI, Juan Carlos Restrepo, argumentó en el canal periodístico que la agencia operó fuera de su marco de competencias. Explicó que no existe ninguna razón técnica para que la inteligencia estatal asigne vehículos de protección, a menos que el objetivo central sea ejercer control e inteligencia sobre las personas protegidas. Restrepo advirtió que la inteligencia de Estado es un arma poderosa que no puede utilizarse sin supervisión, ni desviarse hacia propósitos políticos espurios o interferencias electorales.

Injerencia extranjera y despilfarro presupuestal

El reporte periodístico también documentó que 16 funcionarios fueron capacitados en Moscú por el servicio secreto ruso (SVR) y que Rusia entregó dispositivos presuntamente infectados con malware para espiar al siguiente gobierno. Simultáneamente, se detectó una casa clandestina no registrada operando cerca de la Embajada de Estados Unidos, cuyos registros fueron borrados tras las elecciones. Además, se planeó el despido injustificado de personal de confianza para forzar demandas que permitieran su posterior reintegro institucional.

Finalmente, las finanzas de la institución muestran presuntos despilfarros, como la compra por 9.000 millones de pesos de un helicóptero no tripulado que presentaba fallas estructurales, se accidentó rápidamente y solo estaba asegurado por 900 millones. A esto se suman 8.340 millones en equipos antidrones para camionetas Tahoe, 580 millones en un software biométrico incompatible, 1.314 millones en computadores de baja calidad, y la compra de camas de 18 millones y atriles de 14 millones cada uno para una sede inconclusa en Funza. Todo esto ocurrió mientras la entidad carecía de un sistema formal (SIIC) para registrar y auditar sus misiones operativas.