Critican al Gobierno por no aceptar ayuda de EE.UU. para Córdoba
La oferta de asistencia humanitaria anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para atender a los damnificados por las inundaciones en Córdoba abrió una controversia entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición.
Bogotá, febrero 20, 2026_ RAM _La oferta de asistencia humanitaria anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para atender a los damnificados por las inundaciones en Córdoba abrió una controversia entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición. Mientras Washington informó su disposición de entregar alimentos, kits de saneamiento y apoyo para refugios temporales, el Ejecutivo colombiano respondió que la cooperación internacional solo se activa cuando la capacidad institucional del país ha sido desbordada, lo que —según sostiene— no ocurre en este caso.
La discusión no gira únicamente en torno a la ayuda puntual ofrecida, sino al procedimiento para recibir cooperación externa en medio de una emergencia y al criterio técnico que determina cuándo debe solicitarse formalmente.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que el Departamento de Estado proporcionaría asistencia humanitaria a personas afectadas por las recientes inundaciones en Córdoba. De acuerdo con la información oficial, el apoyo incluye alimentos, kits de saneamiento de agua y suministros para refugios temporales, y estaría dirigido a más de 1.400 hogares en el departamento.
En el mismo documento se recuerda que Estados Unidos es uno de los principales proveedores de asistencia humanitaria a Colombia y que el país recibe una proporción significativa de la ayuda estadounidense destinada a Suramérica.
La comunicación no hizo referencia a que la ayuda hubiera sido solicitada formalmente por el Gobierno colombiano, lo que dio paso a interpretaciones sobre una eventual negativa oficial.
Horas después del anuncio, la Cancillería emitió un comunicado conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el que subrayó que Colombia dispone de un sistema institucional preparado para atender emergencias asociadas a fenómenos naturales.
Según el documento, la cooperación internacional “solo se activa por solicitud del Gobierno nacional” y se gestiona de manera subsidiaria, es decir, únicamente cuando la capacidad de respuesta interna ha sido superada tras una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) realizada por la Ungrd.
Precisan, además, que mientras la capacidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no sea superada, la atención se cubre con medios propios. También enfatiza que la cooperación responde a una demanda identificada técnicamente “no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales”
En esa línea, el Gobierno recalcó que el Ministerio de Relaciones Exteriores actúa como único conducto oficial ante la comunidad internacional.
El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, fue categórico al afirmar que no existe un rechazo a la ayuda internacional. “Es absolutamente falso que el Gobierno nacional esté rechazando la ayuda de otros países. En este momento la ayuda está garantizada”, señaló
Carrillo explicó que en Montería funciona un centro de acopio con asistencia humanitaria disponible y capacidad adicional de despacho, conforme avancen los censos de los gobiernos locales. Añadió que sería “muy irresponsable” hacer un llamamiento internacional cuando el Estado aún cuenta con capacidad de respuesta.
El funcionario también indicó que la Ungrd trabaja de la mano con el equipo humanitario país liderado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con el fin de que los cooperantes con presencia en Colombia desarrollen acciones complementarias bajo coordinación institucional.
La Cancillería recordó que, si una emergencia desborda completamente las capacidades nacionales, se activa el Llamamiento Internacional contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012.
Este mecanismo, que debe ser firmado por el presidente de la República, define con precisión el tipo de asistencia requerida y establece los parámetros de coordinación, ejecución y rendición de cuentas
El Gobierno fue explícito en señalar que ese escenario “no es el caso” en la actual emergencia en Córdoba.
La explicación oficial no convenció a varios congresistas de oposición. El senador Carlos Meisel, opositor acérrimo perteneciente al Centro Democrático, cuestionó que no se acepte la ayuda ofrecida y planteó que debería consultarse directamente a las autoridades locales. “Ojalá que el Gobierno de los Estados Unidos le preguntara al gobernador de Córdoba o a los alcaldes de esos municipios si es verdad que no necesitan ayudas”, afirmó.
El senador sostuvo que la emergencia sí ha desbordado la capacidad institucional. “La emergencia claro que ha desbordado las capacidades de la Ungrd, de la Gobernación, alcaldías y de todas las instituciones del país. Y no es ningún pecado reconocerlo. El problema es no aprovechar las ayudas que se ofrecen”.
Por su parte, la representante por Córdoba, Saray Robayo, señaló que en momentos de crisis “la prioridad no puede ser el orgullo político, sino la vida y la dignidad” y que la ayuda humanitaria “debe evaluarse con criterios técnicos y urgencia”. Añadió que la discusión no se limita a la capacidad institucional en el papel, sino a la rapidez y suficiencia con la que las ayudas están llegando a las comunidades afectadas.
En el centro de la controversia está el criterio para determinar cuándo una emergencia debe considerarse oficialmente desbordada. El Gobierno insiste en que la respuesta está cubierta con recursos propios y que la activación de cooperación internacional debe obedecer a protocolos técnicos y diplomáticos claramente definidos.
Los sectores críticos, en cambio, sostienen que, ante la magnitud de las lluvias y los reportes de afectaciones en municipios del departamento, toda ayuda adicional podría contribuir a acelerar la atención y aliviar la presión sobre autoridades locales.
Por ahora, la postura oficial es que no se ha rechazado apoyo internacional, sino que no se ha activado formalmente su recepción porque, según la evaluación técnica, la capacidad del Estado no ha sido superada. La discusión continúa abierta en el plano político, mientras avanza la atención a los damnificados en Córdoba.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifestó que antes de un mes el país conocerá las sanciones disciplinarias a los responsables de la tragedia humanitaria que se vive, desde hace 16 días, en Montería y varias poblaciones de Córdoba.
Así lo aseguró durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores que se desarrolla en Montería, donde agregó: “Pronto vamos a ver consecuencias de los responsables que tienen que ver con la tragedia que hoy vive el departamento, no hay duda que la magnitud de la tragedia es resultado de la inoperancia de varias entidades el Estado”.
Señaló que es indignante ver que después de dos semanas de ocurridas las inundaciones, los pobladores sigan viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas y reales.
Según afirmaron, desde hace varios días, funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios se desplazaron a la región en aras de constatar las dificultades que afronta la población y solicitar información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos.
