Senado aprobó la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella
El ministro Iván Cancino acompaña el debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia.
Bogotá, noviembre 03, 2026_ RAM _La plenaria del Senado de la República aprobó en tercer debate la Ley de Sometimiento (también llamada ley de acogimiento) del gobierno de Abelardo de la Espriella. Tras una tensa jornada de más de diez horas de deliberación, el título y la pregunta del proyecto obtuvieron 57 votos a favor y 24 en contra, consolidando una victoria legislativa para el Ejecutivo.
Con esta aprobación, el articulado pasa ahora a su último trámite en la Cámara de Representantes, la cual define a contrarreloj si acoge el mismo texto del Senado o avanza hacia una conciliación in extremis. El Congreso enfrenta un límite estricto: la iniciativa debe ser evacuada antes de la medianoche del 4 de noviembre de 2026, fecha en la que expira la actual Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), marco que este proyecto busca prorrogar y modificar.
Los ejes centrales y las novedades de lo aprobado en el Senado incluyen:
- El nuevo modelo frente al crimen organizado
A diferencia del modelo de la administración anterior, esta ley busca desarticular las estructuras criminales de alto impacto exclusivamente por la vía judicial ordinaria, sin mesas de diálogo político ni reconocimiento de estatus político para los grupos ilegales.
El proyecto estipula que el sometimiento no suspenderá automáticamente las órdenes de captura vigentes ni los procesos de extradición hacia otros países.
Durante el trámite en el Senado se eliminó la figura del abogado intermediario, determinando que los procesos de sometimiento deberán ser de carácter individual.
- Reducción de penas y condiciones
Las rebajas de condena quedaron condicionadas a la entrega total de las armas, la devolución de bienes ilícitos, el aporte a la verdad y la colaboración para ubicar a personas secuestradas y
Podrán recibir una rebaja máxima del 30% de la pena, garantizando que paguen al menos 10 años de cárcel efectiva en centros penitenciarios comunes.
Tendrán la posibilidad de reducir su condena hasta en un 50%.
Quienes registren delitos de reclutamiento de menores solo podrán optar a un beneficio máximo del 10%. Por su parte, los testaferros afrontarán una pena mínima de 6 años, sujeta a la entrega total de sus activos ilícitos.
- Tensiones políticas y cambios en el texto
El debate estuvo marcado por fuertes enfrentamientos con la bancada del Pacto Histórico (declarada en oposición), la cual terminó retirándose del recinto tras argumentar presuntos vicios de procedimiento de la mesa directiva.
El Senado eliminó por unanimidad un polémico artículo que pretendía mantener bajo reserva la información contractual y los gastos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior, garantizando que dichos recursos sigan sujetos al escrutinio público.
El senador Ariel Ávila señaló que, aunque la iniciativa sufrió modificaciones notables que mejoraron el texto en su tránsito por la corporación, aún subsisten vacíos normativos que deberán revisarse en el futuro cercano.
