Fiscalía seguirá investigando a Álvaro Uribe por masacre de La Granja y el Aro
La Corte Constitucional se inhibió de resolver quien es la jurisdicción competente para investigar al expresidente Uribe Vélez.
Bogotá, noviembre 09, 2026_ RAM _La Corte Constitucional se abstuvo de resolver quién debe investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares.
En una sesión extraordinaria, la Sala Plena se declaró inhibida para dirimir el conflicto de competencias que enfrentaba a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La decisión significa que el alto tribunal no entró a estudiar de fondo cuál de las dos autoridades debe continuar con las investigaciones. La razón: consideró que no se cumplían dos de los requisitos jurídicos necesarios para que pudiera pronunciarse sobre un conflicto de jurisdicciones, el presupuesto normativo y el objetivo.
Para entender el alcance de esta determinación hay que explicar que la Corte Constitucional tiene entre sus funciones resolver los conflictos de competencias entre distintas jurisdicciones. Sin embargo, para hacerlo debe verificar que se cumplan tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo.
El primero exige que la controversia involucre autoridades habilitadas para administrar justicia y plantear el conflicto. El segundo establece que debe existir una causa judicial concreta sobre la cual recaiga la disputa. Y el tercero exige que las autoridades involucradas expongan expresamente los argumentos jurídicos, constitucionales o legales por los cuales consideran que deben asumir o rechazan el conocimiento del proceso.
En este caso, la Sala Plena encontró que no estaban acreditados los presupuestos objetivo y normativo. Por esa razón, se declaró inhibida. Esto quiere decir que no emitió una decisión de fondo sobre la competencia.
Hay que recordar que esta controversia enfrenta a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
De acuerdo con la Fiscalía, se adelanta una investigación contra Uribe por presuntas conductas relacionadas con el concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, en el contexto de las actuaciones de estructuras paramilitares en Antioquia.
Entre los hechos que hacen parte de esta investigación están los relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
En ese sentido, hay que explicar que la discusión jurídica gira alrededor del alcance del fuero presidencial y del periodo en el que habrían ocurrido las conductas investigadas.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que parte de los hechos se remontan a los años en que Uribe fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación ha argumentado que las conductas investigadas habrían tenido continuidad hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia de la República.
Por eso, desde el Congreso se reclamó el conocimiento del expediente, bajo el argumento de que el fuero presidencial tendría incidencia en la autoridad competente para investigar esos hechos.
Con la decisión de la Corte Constitucional, ninguno de esos argumentos quedó resuelto. La Sala Plena no determinó si el expediente debe permanecer en la Fiscalía o pasar a la Comisión de Investigación y Acusación.
Sumado a eso, tampoco se pronunció sobre la responsabilidad penal del expresidente, ni sobre la existencia de los delitos que son materia de investigación.
Es importante aclarar que declararse inhibida no equivale a absolver a una persona, archivar una investigación o declarar que una autoridad tiene automáticamente la competencia para continuar con el proceso.
Lo que hizo la Corte fue abstenerse de resolver el conflicto porque, a su juicio, no estaban reunidas las condiciones jurídicas para emitir un pronunciamiento de fondo.
En consecuencia, queda sin respuesta el interrogante que motivó la sesión extraordinaria sobre quién debe investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La decisión deja pendiente esa definición y mantiene abierto el debate jurídico alrededor del fuero presidencial y de las investigaciones por los hechos de violencia paramilitar ocurridos en Antioquia.
