La Corte Constitucional rechazó la tutela de una mujer que consideraba que su derecho al buen nombre y a la honra habían sido afectados, tras las publicaciones de unos ‘pasquines’ en su contra a través de la red social Facebook.
Cientos de personas salieron a las calles de diferentes ciudades para protestar en contra de las recientes objeciones del presidente Iván Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
El Congreso de la República comenzará esta semana el trámite de las objeciones que presentó el Gobierno Nacional a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Senado y la Cámara retomarán el periodo de sesiones ordinarias y los reparos presentados por el presidente a seis artículos del proyecto serán su primer reto.
Las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP buscan que tengamos una justicia transicional que les dé confianza a los colombianos, afirmó el Presidente Iván Duque durante el Taller Construyendo País # 25 realizado en Mitú, Vaupés. Al recordar que se presentaron objeciones a 6 de los 159 artículos del proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP),
La Procuraduría General de la Nación anunció este viernes que abrió investigación y suspendió por tres meses a la directora de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Claudia Sofía Ortiz, por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de un precandidato a la Gobernación de Boyacá, en un acto institucional en el municipio de Sativanorte.
La próxima semana comenzará el trámite en el Congreso de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
«Estados Unidos agradece los esfuerzos del Gobierno de Colombia para garantizar que la ley que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla con el Acuerdo de Paz de 2016 y la Constitución de Colombia», dijo en un comunicado el Departamento de Estado.
La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destacó a las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad de ese organismo para practicar pruebas en casos de extradición e investigar y juzgar a los militares.
La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos advirtió que «no puede haber marcha atrás» en el pacto de paz en Colombia y consideró que el gobierno, resuelto a modificar el acuerdo que desarmó a las FARC, tiene la «responsabilidad histórica» de implementar los compromisos.
“El Presidente ha presentado una propuesta para hacer una paz que una a todos y eso se hace a través de una ley que no deje ni una fisura donde se vaya a colar la impunidad y donde no haya una clara responsabilidad de los victimarios. Adicionalmente, que no se respete el hecho de la no repetición de estos delitos que se cometieron en el pasado”, dijo la Ministra.
