miércoles septiembre 18 de 2019

Violencia política en Colombia dejó el año pasado 648 líderes sociales muertos: Cinep

12 mayo, 2019 Judiciales, Política

Bogotá, 12 de mayo_ RAM_ “La violencia política en 2018 dejó 648 muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales)”.

Las cifras corresponden a un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, titulado ‘Violencia camuflada. La base social en riesgo’, en el que reseña que el año pasado 1.151 personas, en su mayoría líderes comunitarios y de derechos humanos recibieron amenazas de muerte, 304 lesiones físicas, 48 atentados y tres agresiones sexuales. 22 fueron desaparecidas.

“El Cinep ve con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social. Adicionalmente, advierte sobre nuevas metodologías de victimización que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula”, puntualiza el informe.

De hecho pone de presente que el ataque contra la lideresa caucana Francia Márquez, Víctor Moreno, Carlos Rosero, Clemencia Carabalí y Sofía Garzón de los consejos comunitarios de ACON, ASON y PCN del pueblo afrocolombiano del Norte del Cauca, deja en evidencia el riesgo que enfrenta la base social del país.

De acuerdo con el informe del Cinep, entre 2017 y 2018 las muertes de líderes comunales y cívicos aumentaron un 71 por ciento. En 2017 las autoridades dieron cuenta de 20 asesinados, cifra que subió a 70 en el 2018, siendo Antioquia, con 20, el departamento con mayor número de casos el año pasado, seguido por Meta y Putumayo, ambos con 6, y Arauca, con 5.

Estos son apartes fundamentales del informe del CINEP:

Durante 2018 el Banco de Datos documentó 1.418 casos y 2252 víctimas individuales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. La violencia política en 2018 dejó —por lo menos— 648 muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales).

En cuanto a violaciones a los derechos humanos, el departamento más afectado durante 2018 fue Valle del Cauca con 224 víctimas seguido de Cauca con 182 y Santander con 180 víctimas; el principalmente método de víctimización fue la amenaza con 122 víctimas en Valle del Cauca y 117 en Cauca.

Respecto a graves infracciones al Derecho Internacional Consuetudinario, DIC, si bien las cifras disminuyeron, se registraron 103 víctimas en Valle del Cauca, 72 en Cauca y 67 en Norte de Santander.

Sin embargo, el mayor número de víctimas letales 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados, se dieron en la categoría genérica Violencia Político-Social (Cinep, 2016, pp.25-31) cuya característica principal es que no es posible establecer el presunto responsable de los hechos, pero, los móviles de los mismos y características de las víctimas permiten deducir que se trata de un caso con motivaciones políticas de acuerdo con el marco conceptual de la Red Nacional de Bancos de Datos.

Al analizar tres de las principales agresiones entre 2016 y 2018; año de la firma de los acuerdos de paz y dos años de implementación el panorama es preocupante. Si bien se registra una importante disminución en los heridos, la muerte de ciudadanos colombianos tuvo un incremento progresivo del 25%, y las amenazas aumentó 32%.

Las víctimas civiles (persona protegida) que perdieron la vida aumentaron en 170% en 2016 se registraron 37 y en 2018 la cifra documentada llegó a 100.

En conclusión, crecen las víctimas letales, las amenazas y se reduce los heridos.

La tendencia a acabar con los movimientos de base es la nueva justificación para que emerjan nuevas metodologías de violencia político social. Es urgente llamar la atención sobre las nuevas víctimas y los móviles que sustentan dichas metodologías.

Las principales víctimas de los movimientos de base siguen siendo los dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos; son ellos quienes por ejercer sus derechos se han convertido en el blanco de los victimarios. Los líderes comunales y cívicos ejercen exigibilidad de derechos en temas relativos a veedurías ciudadanas, restitución de tierras, defensa del agua y el medio ambiente, minería y megaproyectos extractivistas.

¿Pero por qué es tan difícil identificar a los victimarios? Porque ahora se ocultan bajo las etiquetas de desconocidos, hombres armados, hombres encapuchados o simplemente sin información.

La justificación de las nuevas metodologías de victimización se está entreverando en delitos comunes como: robos, atracos, prestamos gota a gota, líos pasionales o problemas de vecindario. Es así como se camufla de manera mediática la verdad de las víctimas y su liderazgo.

Debido a este nuevo tipo de violencia la Fiscalía General de la Nación, en los casos de líderes comunales, ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales (‘gatilleros’), pero ninguna sentencia en contra de los autores intelectuales o determinadores, esto según información de la Confederación de Acción Comunal.

Gran parte de las víctimas cívicas y comunales se encuentran en áreas rurales dispersas y en las periferias de las ciudades y su función netamente social es clave para las organizaciones de base que buscan hacer valer sus derechos, es por eso que son asesinados, amenazados y desplazados.

Según datos del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep en 2018, 98 líderes sociales fueron victimizados, en su mayoría líderes cívicos y comunales.

Aunque los métodos de victimización son distintos e históricamente ha sido difícil determinar los verdaderos autores de los hechos, esta nueva dinámica de metodologías, móviles de victimización y tipos de víctimas sólo conducen al ocultamiento de la verdad, lo que hace mucho más difícil que haya justicia.

La caracterización del conflicto del año 2018 muestra una clara modificación de los móviles de victimización; nos referimos a esto porque en gran parte de los casos registrados durante este período existe un común denominador en cuanto a la identidad del o los victimarios: aparecen como hombres armados, encapuchados o simplemente desconocidos. Dicho ocultamiento de los autores de los hechos busca de manera intencionada una perspectiva de justicia nula, todo esto para garantizar la impunidad. Así las cosas, las víctimas nunca van a conocer ni siquiera un nombre, un apellido, una insignia, una señal o un “alias” de los autores de asesinatos, amenazas, torturas, atentados, heridas, desplazamientos, entre otros.

Jamás van a conocer la verdad

De los 1418 casos registrados en 2018 por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz en 195 casos aparece la autoría con la etiqueta de desconocidos, mientras que en 139 casos aparece la autoría con la etiqueta de hombres armados o encapuchados, las dos cifras suman 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Otro dato que contribuye al ocultamiento de los victimarios se refiere a la etiqueta sin información, que registra 562 casos de los 1418 publicados en noche y niebla, año 2018.

A lo anterior, se suma la victimización por parte de los grupos paramilitares que se reivindican con diferentes nombres intercambiables como

“Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), “Clan del Golfo”, “Águilas Negras”, “Rastrojos”, “Urabeños”, “Caparrapos”, “Bloque X”, etc., y que exteriorizan su ideología, su operatividad misional y su identidad activa, no como “bandas criminales” genéricas, sino como “bandas criminales específicas paramilitares”. Los grupos paramilitares fueron los autores de 342 casos registrados en el año 2018.

Un tema relevante es quiénes son las víctimas del año 2018. El Banco de Datos registra 98 líderes sociales victimizados en el año 2018, en su mayoría líderes cívicos y comunales.

La nueva manera de acabar con los procesos sociales es la victimización de las pequeñas organizaciones de base que trabajan en las periferias del país, muchas de las víctimas mortales y de amenazas son miembros de las Juntas Comunales y veredales, miembros de resguardos indígenas, impulsores de organizaciones campesinas, ambientalistas de medio perfil, integrantes de comités de víctimas de base, reclamantes de tierras, opositores de los grandes megaproyectos extractivistas y excombatientes y militantes del partido político FARC.

Al parecer existe la intención de acabar con toda la base de los diferentes procesos sociales. La nueva estrategia es asesinar y amenazar a sus líderes de base para lograr debilitar el proceso por medio del miedo y de esta forma enviar un mensaje a las organizaciones más fuertes y consolidadas que se sustentan de los trabajos sociales de las bases comunitarias.

Los asesinatos y amenazas, principalmente, están sucediendo en áreas rurales dispersas y en menor medida, en las periferias de las ciudades. Allí no hay una presencia estatal integral que garantice el ejercicio de los derechos humanos.

Casos relacionados con la base social en riesgo según datos del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep en 2018, 98 líderes sociales fueron victimizados, en su mayoría líderes cívicos y comunales. Algunos casos concretos a continuación:

– El 03 de julio de 2018, en Palmar de Varela, Atlántico, desconocidos que se movilizaban en motocicleta aproximadamente a la 1:40 p.m. asesinaron a Luis Barrios en su casa ubicada en la calle 19 con carrera 11A barrio Villa Paraíso. Luis Barrios Machado, era actualmente presidente de la Veeduría de Control Ciudadano de Palmar de Varela y Presidente de Asocomunal y fue dos veces aspirante al Concejo de Palmar de Varela.

– El 23 de julio/18, en Jamundí, Valle del Cauca, fue ejecutado el líder social LIBARDO MORENO, de 76 años, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Pilas y administrador del acueducto de Villa Colombia. Presunto responsable: sin información.

– El 02 de julio/18, en Tarazá, Antioquia, paramilitares de las AGC ejecutaron en el barrio Las Pavas al integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Agustín Bajo, LEONIDES ALEISER SIERRA ORTIZ.

– El 01 de diciembre/18, en Tarazá, Antioquia, un miembro de la Policía Nacional disparó contra LUIS CORREA MAZO, en la vereda La Unión, dejándolo mal herido. La víctima es integrante de la Junta Comunal y de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.

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