El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la Resolución 064 de 2024, mediante la cual el Gobierno Nacional había autorizado la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia.
Con un breve auto de cuatro páginas, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una demanda que pretendía anular la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial. Un magistrado rechazó la acción legal por un formalismo. El magistrado Omar Joaquín Barreto fue el que desestimó la nulidad, que interpuso Sebastián López Betancourt en junio.
_La Sección Quinta del Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, movimiento o candidato, tanto en publicaciones suyas como en medios oficiales. Con una sentencia de veinticinco páginas, el alto tribunal acreditó el incumplimiento del mandatario a un aparte de la ley que desde 2005 regula las elecciones presidenciales, porque en «algunas» intervenciones públicas y en mensajes en X
La Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente un aparte del artículo 35 del Decreto 2520 de 1993 que obligaba a que el ministro de Hacienda estuviera presente para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera sesionar, deliberar y tomar decisiones. La decisión judicial aparece en un momento particularmente sensible para la relación entre el Gobierno y el Emisor.
El magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, de la Sección Primera del Consejo de Estado, suspendió provisionalmente la Resolución 72 de marzo de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, que revocó temporalmente las órdenes de captura de veintitrés cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá.
El Consejo de Estado resolvió que puede estudiar demandas de pérdida de investidura contra excongresistas que sean presidentes en ejercicio, como Gustavo Petro. Una sala especial de pérdida de investidura adelanta un litigio sin precedentes. Un presidente en ejercicio, por primera vez en la historia colombiana, enfrenta un proceso de pérdida de investidura.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó fuertes críticas a la decisión del Consejo de Estado de frenar los efectos del decreto que permitía el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones. Según el funcionario, la medida implica “retenerle la plata a la gente” y termina favoreciendo a los sectores con mayores ingresos.
La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió el traslado de $25 billones que el Gobierno nacional ordenó desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones. El magistrado Juan Enrique Bedoya decidió darle un trámite de «urgencia» a la primera demanda contra el decreto, que ha prosperado en el Consejo de Estado.Una semana después de que el Gobierno nacional expidiera el Decreto 415 de 2026,
La candidata Paloma Valencia anunció que radicó una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional pretende trasladar aproximadamente $25 billones correspondientes a los ahorros pensionales de ciudadanos que se cambiaron de régimen, pero que aún no cumplen los requisitos para acceder a su jubilación.
El alto tribunal continuará teniendo acceso a la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) y a la información biométrica para la autenticación facial de identidad.“Nos complace la suscripción de esta prórroga del convenio con el alto tribunal pues, sin duda, seguirá contribuyendo significativamente al mejoramiento de los procesos
