El fiscal general, Néstor Humberto Martínez reconoció este viernes que existe “sistematicidad” en los asesinatos a líderes sociales en Colombia. Martínez señaló que difiere de la sistematicidad que se registró hace más de 30 años, tras involucrarse agentes del Estado en los asesinatos a los defenderos de los derechos humanos.
“Estamos generando una armonización de acciones para dar resultados concretos en el territorio”. Así lo advirtió la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al presentar las conclusiones de la precomisión Nacional de Garantías de Seguridad, realizada este viernes para evaluar el fenómeno de ataques y violaciones a los derechos humanos de los líderes sociales.
Un Juez de Paloquemao con función de control de garantías aprobó el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y los exdirectivos de Odebrecht en Colombia, en medio del juicio que se adelanta por el megaescándalo de corrupción transnacional que salpicó a varios políticos y funcionarios del país.
La Corte Constitucional iniciará labores el próximo viernes y su presidente Alejandro Linares habló de las decisiones que tendrán que tomar en este nuevo año. Decisiones, fuera de la elección de un nuevo presidente para el tribunal.
En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en los asuntos de su competencia, en relación con un video relacionado con la entrega de dineros en efectivo por parte del señor Juan Carlos Montes, el fiscal de conocimiento ordenó diligencia de registro y allanamiento a la residencia del citado ciudadano, dada la existencia de contradicciones entre las versiones del señor Simón Vélez y del señor Montes en relación con los hechos investigados.
En las últimas horas, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que el exsecretario de Transparencia durante el Gobierno Santos, compró con su tarjeta de crédito el cianuro con el que se quitó la vida. Según Martínez Neira, la Fiscalía obtuvo un video en el que se observa al exfuncionario en el ascensor del edificio en el que residía con el tarro de cianuro.
Las charlas entre el Distrito y las autoridades de seguridad e inteligencia encuentran discrepancia cada vez que se habla de Bandas Criminales en Bogotá, pero ahora un informe de la Fiscalía suma un ingrediente: las llamadas “oficinas de cobro”.
El asesinato de la líder de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural de Santa Marta y suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, se suma a los crímenes de otros cinco líderes sociales en los primeros días del 2019.
Este jueves se conoció un documento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, enviado por la secretaria ejecutiva de esa corporación, con la que busca demostrar que no solicitó recursos para una nómina paralela. Es un oficio enviado al Ministerio de Hacienda, diciendo de qué manera se distribuirán los recursos para la vigencia del año 2019.
La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de un comunicado, insistió en que no solicitó ni aprobó una partida dentro de su presupuesto de funcionamiento para trabajadores “supernumerarios y temporales”.
