Procuraduría quiere poner freno a omisiones que ponen en riesgo la seguridad aérea del país
La viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, lideró hoy la mesa nacional del sector aeronáutico, en la que se analizaron diversos riesgos en materia de seguridad aérea, especialmente desde la perspectiva laboral.
La funcionaria se refirió a las actuaciones que en el ámbito preventivo ha adelantado, entre el 2010 y lo corrido de 2014, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, ante las reiteradas quejas de organizaciones sindicales, asociaciones de trabajadores del sector, y de los usuarios, sobre aspectos como las jornadas laborales que superan los límites de las normas internacionales, los incentivos para la desafiliación de los sindicatos, la insuficiencia del personal vinculado para la labor de control aéreo, los incentivos para maniobras que ahorran recursos (como tiempo o combustible) pero que aumentan el riesgo de la operación, la insuficiencia de equipos de aeronavegación, la disminución injustificada de los periodos de descanso del personal, y la falta de previsión de factores logísticos y de seguridad ante el crecimiento exponencial del tráfico aéreo, entre otros.
Durante la sesión se escucharon las exposiciones de voceros de organismos como la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, y el Sindicato del Sector Aéreo, quienes plantearon sus preocupaciones sobre variables como seguridad social, régimen pensional, riesgos laborales, infraestructura para la operación aérea, reglamentación laboral del sector y condiciones de los trabajadores para la prestación del servicio.
A pesar de que a la reunión habían sido convocados los ministros de Transporte y de Trabajo, el director de la Aerocivil, el superintendente de Transporte y directivos de los organismos públicos y privados del sector, el compromiso fue atendido por servidores que, en su mayoría, carecían de la información requerida para dar respuesta a los planteamientos expuestos, o de la capacidad de decisión frente a estos temas.
La viceprocuradora general de la Nación fue enfática en señalar que después de cuatro años de gestión preventiva, durante los que se ha instado reiteradamente a las autoridades competentes para superar las dificultades expuestas, y ante la gravedad de los riesgos que tales dificultades representan, este organismo de control exigirá respuestas concretas sobre actuaciones puntuales y efectivas, y considerará actuaciones desde el ámbito disciplinario en caso de evidenciar omisiones frente a esta problemática: “El Ministerio Público no permitirá que continúen omisiones que pongan en riesgo la seguridad de la operación aérea en Colombia”, puntualizó.
Asimismo solicitó un informe a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales sobre los términos en que las autoridades requeridas han dado respuesta a los derechos de petición que los actores sectoriales y la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social han formulado ante las autoridades competentes.
Finalmente la viceprocuradora general anunció la realización de una nueva reunión, a la que serán convocados los directivos de las entidades y organismos del sector y que se llevará a cabo a mediados de agosto, en la que tendrán la oportunidad de evidenciar las gestiones concretas que se han adelantado para solucionar la problemática expuesta durante la jornada de hoy.