miércoles enero 27 de 2021

Justicia administrativa garantiza derechos a comunidad Arhuaca sobre su territorio

_ El Tribunal Administrativo del Cesar falló el pasado 19 de febrero una acción de tutela apoyada por la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón conjuntamente con la Fundación Colombia, cuyo fundamento se sustenta en que el Estado garantice los derechos fundamentales de la comunidad indígena Arhuaca, que desde hace medio siglo, viene siendo vulnerada en su territorio con la instalación de una base militar por parte del Ejército, y por la explotación comercial de antenas de comunicación colocadas en áreas de su resguardo.

En efecto, el fallo de tutela ordena al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y la Brigada Blindada de Valledupar adelantar un proceso de consulta con los representantes de la comunidad indígena arhuaca que permita establecer los efectos e impactos medioambientales que la construcción y operación de la base militar con las respectivas antenas comerciales ha causado o pueda llegar a causar sobre el territorio ancestral de esta población aborigen.

También la decisión del Tribunal ordena a la Dirección de Asuntos Étnicos del Incoder revisar las irregularidades del proceso de titulación de tierras, que conforme a las denuncias hechas se han presentado y adopte las medidas necesarias para formalizar la titularidad de los predios que las comunidades indígenas reconocen como ancestrales.

La decisión del Tribunal tuvo en cuenta, dentro de sus consideraciones, los antecedentes que pusieron en evidencia la presidenta del Polo Democrático y la Fundación Colombia al sustentar la acción de tutela como homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por los actores armados ilegales y por miembros de la fuerza pública contra integrantes de la comunidad arhuaca.

Dentro de estas violaciones de derechos humanos se contemplan desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos y reclutamientos, así como el despojo del territorio tradicional.

Hace dos años y gracias a las acciones judiciales adelantadas por López Obregón y la Fundación Colombia se logró también el reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Parque Nacional Natural Tayrona.

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