domingo enero 24 de 2021

Por unanimidad, Corte Constitucional pide la renuncia de Pretelt

17 marzo, 2015 Generales, Judiciales

presidenta encargada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle Correa

Luego de que el Senado de la República rechazara la petición del magistrado Jorge Pretelt en el sentido de permitir una licencia por 60 días y en cambio le pidiera su renuncia, ahora el pleno de la Corte Constitucional hace lo mismo y le solicitó su dimisión.

Durante la sesión celebrada este martes, los ocho integrantes del pleno de la Corte Constitucional, consideraron que el escándalo Pretelt ha afectado de forma significativa la imagen del Alto Tribunal ante la opinión pública, por lo que consideran que lo mejor es optar por una renuncia y no una licencia.

Ya la justicia en pleno también se había pronunciado, la Fiscalía y las Altas Cortes pidieron conjuntamente la renuncia del magistrado, quien habría pedido una cuantiosa suma de dinero por favorecer una tutela, constituyendo uno de los casos más graves de corrupción en la historia de ese Tribunal.

La presidenta encargada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle Correa aseguró que con esta decisión no se está emitiendo un juicio de responsabilidad penal contra Pretelt Chajub, puesto que esto es responsabilidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. «Mantenemos un compromiso absoluto con las garantías del debido proceso».

«La decisión que le exigimos plantea un problema de responsabilidad personal, pero este debe ser resuelto con arreglo a la ética y al Derecho. En este marco consideramos que la manera de asumir la exigencia de salvaguardar la independencia y autonomía de la justicia constitucional, y la integridad de sus derechos, es preservar la credibilidad de la ciudadanía en este Tribunal», precisó.

En este sentido aseguró que esta exigencia «no se edifica entonces en el ámbito penal ni político. Se orienta a mantener centrados los esfuerzos de la Corte Constitucional en sus esenciales y bajo la confianza de su colectividad en que nuestras decisiones dependen exclusivamente del imperio de la ley y la mejor interpretación de la Constitución».

«Sin la credibilidad y la confianza públicas, las funciones de este Tribunal pierden arraigo y eficacia. No tiene sentido por consiguiente que pongamos los derechos individuales de cada uno de nosotros por encima de la legitimidad del Tribunal Constitucional. Sin una Corte que cuente con la credibilidad pública todos nuestros derechos, incluidos los suyos propios, están en riesgo de carecer de garantía judicial necesaria e inaceptable de eficacia institucional».

Pretelt Chajub, quien no ha asistido a las últimas sesiones, le había solicitado al Senado de la República que le otorgara una licencia no remunerada de dos meses mientras se adelanta la investigación en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un supuesto tráfico de influencias.

Las últimas sesiones de la Corte Constitucional se han centrado en este debate. Un grupo de magistrados le han pedido que se aparte por un tiempo prudencial de su cargo, sin embargo la posición ha cambiado día tras día y la solicitud de renuncia ha ganado más adeptos.

En los últimos días, varios sectores de la justicia le han planteado al magistrado la necesidad que renuncie a su cargo. A estas voces se han sumado el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado; el ministro del Interior, Juan Frenado Cristo; el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

El pasado 27 de febrero, el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo radicó una denuncia en contra del entonces presidente del alto tribunal por presuntamente solicitar el pago de 500 millones de pesos para beneficiar el trámite de una acción de tutela presentada por la empresa Fidupetrol que buscaba tumbar una multa de 22.500 millones de pesos interpuesta por la Corte Suprema de Justicia.

En la tarde de este martes, con 42 votos en contra el Senado de la República le negó la solicitud de licencia presentada por el magistrado Pretelt Chajub.

El comunicado

La Sala Plena de la Corte Constitucional, reunida hoy martes 17 de marzo de 2015, aprobó por una unanimidad una proposición conjunta para solicitarle de manera pública y formal al doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub que renuncie de manera inmediata e irrevocable a la investidura de magistrado de la Corte Constitucional que actualmente ostenta. Los ocho magistrados reunidos en la Sala Plena del día de hoy tomamos esta determinación con base en las siguientes razones:

Mantenemos un compromiso absoluto con las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Por tanto, nuestra petición no es un juicio sobre la responsabilidad del doctor Pretelt Chaljub en los hechos que se le imputan, pues definir este aspecto le corresponde a su juez natural.

Sin embargo, estimamos que estos principios no se verán sacrificados cuando ejerza su derecho de defensa al margen de la Corporación.

Nuestra exigencia no se edifica entonces en el ámbito penal ni político. Se orienta a mantener centrados los esfuerzos de la Corte Constitucional en sus funciones esenciales y bajo la confianza de la colectividad en que nuestras decisiones dependen exclusivamente del imperio de la ley y la mejor interpretación de la Constitución.

Sin la credibilidad y la confianza pública, las funciones de este Tribunal pierden arraigo y eficacia. No tiene sentido por consiguiente que pongamos los derechos individuales de cada uno de nosotros por encima de la legitimidad del tribunal constitucional.

Sin una Corte que cuente con la credibilidad pública todos nuestros derechos, incluidos los suyos propios, están en riesgo de carecer de una garantía judicial necesaria e inapelable de eficacia institucional.

La decisión que le exigimos plantea un problema de responsabilidad personal, pero este debe ser resuelto con arreglo a la ética y al derecho. En ese marco consideramos que la mejor manera de asumir la exigencia de salvaguardar la independencia y autonomía de la justicia constitucional, y la integridad de sus derechos, es preservar la credibilidad de la ciudadanía en este Tribunal.

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