miércoles mayo 5 de 2021

El proceso de paz es político, no jurídico: FARC-EP

04 junio, 2015 Política

 

Delegación de Paz Farc 040615

La Habana, 04 de Junio_ RAM_ Al cierre del ciclo 37 de los Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el jefe de la delegación insurgente, el comandante Iván Márquez saludó los avances logrados por la Mesa en materia de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, en el marco del punto 5 de la Agenda, Víctimas.

Se refirió a las opiniones de algunos sectores del país que solicitan cárcel para los guerilleros, señalando: “hay preguntas que inducen a una respuesta. Si a la gente del común se le pregunta si desea cárcel para la casta política de privilegiados, corruptos, que creyéndose dueños del país desataron la violencia, impulsaron el paramilitarismo, los falsos positivos que son crímenes de lesa humanidad, se enriquecieron y generaron la pobreza, la respuesta sería contundente: cárcel para todos ellos.”

El vocero habló sobre la necesidad de encontrar fórmulas jurídicas aceptables para las dos partes:

“(…) hemos propuesto analizar doctrinas jurídicas aceptadas por la comunidad internacional que nos ayuden a los colombianos a convenir fórmulas que saquen este proceso al otro lado. Jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión al terrorismo de Estado.” afirmó el comandante Iván Márquez.

Recordó que las leyes colombianas mantienen el mismo espíritu represivo de épocas pasadas y que hoy “En Colombia se penaliza el derecho constitucional a la protesta, que para que sea protesta tiene que ocupar vías y obstruir el transporte público. Se encarcela a quien lance objetos contra a la policía represora.”

Finalizó su intervención el Jefe de la delegación insurgente haciendo un llamado a la cordura, al estudio de las razones que motivaron esta larga confrontación que ha desangrado al país.

“Porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia, proponemos mecanismos de justicia transicional derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades. Lo que rechazamos son normas penales diseñadas para un solo destinatario –derecho penal del enemigo-, presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta la opinión de sus interlocutores de paz en la Mesa, sabiendo de antemano que el Estado no puede ser juez y parte al mismo tiempo,”

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