domingo noviembre 29 de 2020

Ritel pone en riesgo la actividad constructora y la vivienda social en el  país

15 julio, 2015 Económicas

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Con la entrada en vigencia del Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones – Ritel, expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que pretende ofrecer alternativas a los colombianos a la hora de elegir un operador de servicios de telecomunicaciones (internet, TV digital y telefonía), surgen también nuevas responsabilidades económicas y operativas, trámites, e ineficiencias tecnológicas para el país, los constructores, los operadores, las copropiedades  y los ciudadanos.

Uno de los principales elementos del Ritel es que exige que todas las unidades habitacionales que se construyan en el país bajo el régimen de propiedad horizontal, incorporen a partir de ahora una infraestructura compleja y sobredimensionada. Esta situación genera un costo adicional que oscila entre 1.9 y 2.8 millones de pesos por vivienda, sin contar con el valor de las  certificaciones en productos y redes, y el de los trámites adicionales con los operadores del servicio.

En términos de  la política de vivienda, el cumplimiento del Ritel supone un sobrecosto de 1 billón de pesos en la meta de construir 400.000 viviendas sociales en el próximo cuatrienio. En el caso de vivienda diferente a la social, necesariamente esto se verá reflejado en el precio final de la misma.

¿Quién responde por el mantenimiento de redes?

Otra de las preocupaciones que surgen frente al Ritel gira en torno al mantenimiento de las redes, que por idoneidad y competencia está a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, sin generar costos adicionales para los usuarios. Esto ha permitido garantizar la calidad y disponibilidad de los servicios.

Con la entrada en vigencia del Ritel, esta responsabilidad queda en manos de los constructores durante un lapso de seis meses después de haber entregado la vivienda, y posteriormente de la copropiedad, que deberá solicitar el servicio y asumir el costo.

Lo anterior debe tener inquietos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, porque al no tener el control total sobre la instalación y mantenimiento de las redes, podrían poner en juego la calidad del servicio a los usuarios, exponiéndose a posibles sanciones.

Ante este nuevo panorama, la presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, dice que “es importante que el Gobierno Nacional implemente oportunamente el análisis de impacto normativo, analice integralmente los efectos  de los reglamentos técnicos sobre la vivienda y dicte acciones que no imposibiliten su construcción; de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.

 

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