lunes marzo 1 de 2021

Defensoría reporta que cada 24 horas las EPS niegan servicios a 28 pacientes con Diabetes

07 abril, 2016 Salud

Doctor making blood sugar test. Smiley face

Al conmemorarse el Día Mundial de la Salud, dedicado en esta ocasión a la Diabetes (que en el caso colombiano se encuentra entre las 10 enfermedades crónicas más frecuentes), la Defensoría del Pueblo alertó sobre los índices de negación de servicios para los pacientes que sufren esta patología, considerada como una epidemia a nivel internacional.

Según los reportes de las EPS, de las 311.230 negaciones registradas el año pasado, 10.227 están asociadas a solicitudes de atención para pacientes diagnosticados con Diabetes, principalmente con Diabetes mellitus no insulinodependiente. Lo anterior equivale a un poco más de 28 negaciones diarias, en su mayoría impidiendo el acceso al kit de glucometría y a medicamentos no incluidos en el POS.

Teniendo en cuenta que para el mismo período las Cuentas de Alto Costo en el sistema de salud colombiano identificaron 920.494 casos de Diabetes mellitus, con una prevalencia de 1,9 por cada 100 mil habitantes, la Defensoría del Pueblo saludó la preocupación e iniciativa del Ministerio de Salud en esta materia, y exhortó al Estado a seguir trabajando para cumplir los objetivos de la OMS en el sentido de adoptar medidas eficaces de vigilancia, prevención y control, y paralelamente del Plan Decenal de Salud, que contempla mantener libre de enfermedades renales al 85 por ciento de la población y reducir la mortalidad prematura por Diabetes en un 25 por ciento para el segmento entre los 30 y 70 años de edad.

Por otra parte, y al hacer un barrido preliminar sobre el comportamiento de las tutelas en salud a propósito de esta fecha, la Defensoría del Pueblo encontró que durante 2015 fueron interpuestas 151.213 acciones de amparo constitucional relacionadas con este tema, lo cual representa un incremento superior al 27 por ciento respecto a las 118.281 que fueron reportadas para el último período de medición.

A juicio de la Defensoría, este aumento obedece fundamentalmente a la pérdida de confianza en el sistema, a la misma negación de los servicios y a la elevada demanda de atención por parte de comunidades vulnerables como los desplazados, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, población privada de la libertad y personas con discapacidad.

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